Dilema de la agenda legislativa ambiental: priorizar versus profundizar
octubre

Dilema de la agenda legislativa ambiental: priorizar versus profundizar

En los últimos años, y en especial después del anuncio de nuestro país como anfitrión de la COP25, el interés nacional en los temas ambientales ha ido en aumento. Dicho interés se ha manifestado en el Congreso Nacional, el que ha brindado un ambiente favorable y receptivo a la discusión legislativa ambiental.

Las urgencias climáticas y los problemas ambientales han detonado un efecto acelerador de demandas y propuestas de reformas ambientales, las cuales han sido abordadas desde los diferentes sectores políticos y poder Ejecutivo.

Por ello, es inevitable prestar atención al volumen de proyectos de ley que se encuentran actualmente en tramitación. Solo durante este año 2019 se han ingresado ocho iniciativas con temáticas ambientales, las que desde el 2015 acumulan un total de 36 proyectos. De estos, 23 tienen por objeto la modificación de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para incorporar cambios en los más diversos sentidos.

Así, por ejemplo, en el Congreso destacan proyectos como:

(i) el PL que Reforma el SEIA (Boletín N°12.714-2);
(ii) el PL que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº9404-12);
(iii) el PL sobre Delitos Ambientales (Boletín Nº12.398-12);
(iv) el PL sobre protección de los humedales urbanos (Boletín N°11.256-12);
(v) el PL sobre Protección de Glaciares (Boletín N°11.876-12) y;
(vi) el PL que “Moderniza la legislación tributaria” (Boletín N°12.043-05), que en lo relevante incorpora modificaciones al impuesto verde, entre otros.

A lo anterior, se sumará el próximo ingreso del proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático.

Cada uno de estos proyectos plantea un universo complejo de temas a debatir, por ejemplo:

¿qué sistema de evaluación de impacto ambiental queremos?;
¿qué medidas correctivas deben implementarse?;
¿cómo ampliar espacios de participación ciudadana?;
¿cómo abordar los impactos sinérgicos?;
¿cómo se establece un sistema de responsabilidad penal ambiental que sea de ultima ratio, sin correr el riesgo de debilitar el actual procedimiento administrativo sancionador ambiental?;
¿qué conductas se procura regular con el mayor reproche de la ley?;
¿cuáles serán las competencias y funciones del nuevo SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas)?;
¿qué ocurrirá con los otros sectoriales que hoy desempeñan funciones en torno a las áreas protegidas?, por plantear algunas interrogantes.

ALGUNAS REFLEXIONES

En consideración a lo anterior, una primera reflexión que surge frente a la intensa agenda legislativa ambiental, es si todos los temas que se plantean como reforma requieren efectivamente de una ley. En general, somos un país legalista y la elaboración de una nueva ley o reforma de una ley, surge siempre como la opción inmediata frente a un desafío o falencia detectada en nuestra institucionalidad.

Sin embargo, en materia ambiental interactúan distintos organismos, que pese a su carga de trabajo, ejecutan el esquema institucional ambiental. En consecuencia, sería conveniente identificar los desafíos ambientales que podrían abordarse desde una gestión coordinada de todos ellos, con indicadores de cumplimiento efectivos. Esta labor podría reducir en parte la presión legislativa y avanzar hacia soluciones dadas por los instrumentos disponibles, de forma más rápida y eficaz.

La segunda reflexión está relacionada con la capacidad del país para abordar simultáneamente el estudio y debate conjunto de los temas ambientales en trámite. Se trata de materias complejas, que si ceden inevitablemente ante la premura de la agenda ambiental y a la contingencia, no serán tratadas adecuadamente y redundarán en legislaciones deficientes.

Por último, el efecto que pueden tener estos proyectos de ley en el desarrollo económico es crucial. Sobre este respecto, se reconoce el interés del Ejecutivo en plantear agendas y medidas pro inversión; sin embargo, la inversión es especialmente sensible a debates que se refieran a modificaciones a su regulación, entre ellos la tributaria y la ambiental.

En virtud de lo anterior, surge la necesidad de dar un tratamiento integral a estas reformas, ponderando el estudio profundo de los temas y la capacidad nacional de implementación, haciendo converger el resguardo de los bienes jurídicos ambientales, con la necesidad de otorgar cierta estabilidad al marco regulatorio y/o disponer de una adecuada transición frente a las modificaciones legales que ineludiblemente se requieran.

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